SUEÑOS PARA ATAR: Y, ahora, ¿quién podrá defendernos (del banco)?

No sólo el poder político envilece a las instituciones del Estado y doblega las leyes. El poder financiero también corta el bacalao. El intento de suicidio de una boliviana así lo demuestra.

DE LA RESOLUCIÓN OFICIAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE EL CASO BDP, EMITIDO EN 2017.

El 24 de enero una mujer intentó suicidarse en las oficinas de la Defensoría del Pueblo. ¿No se enteró? Claro que no. Porque ni autoridades ni medios de comunicación (excepto Correo del Sur) se hicieron eco de la noticia que sí circuló por redes sociales. Para Vivi, y sus compañeras de lucha, este silencio generalizado ha sido una dolorosa constante durante los últimos 12 años. Silencio que, en el caso de autoridades estatales, cae en lo delictivo y en el de las y los defensores de los derechos humanos, en la traición.

¿Qué pasó? Para hilvanar la respuesta es necesario navegar por aguas oscuras e intentar develar el poder real que el sistema financiero ejerce en Bolivia. Pasa que, en nuestra supina ingenuidad, creemos que la clase política es la única responsable del envilecimiento de las instituciones del Estado y el quebrantamiento de normativas y leyes. Pero, en realidad, esta sistemática tarea de corromper al sistema judicial y doblegar las normativas con total impunidad tiene también como gran protagonista al sistema financiero boliviano.

El mejor ejemplo de estos extremos es el Banco de Crédito y el testimonio de Vivi se transforma en la más dolorosa muestra de tal aberración. Pero vamos por partes y conozcamos a los protagonistas.

Lo menos parecido a un banco

El Banco de Crédito de Bolivia (BCP Bolivia) es una filial internacional que pertenece al Banco de Crédito del Perú, que es parte del coloso Credicorp. El BCP Bolivia empezó sus operaciones en 1994 tras la adquisición de las acciones del Banco Popular del Perú, que había llegado a Bolivia con capital del Estado peruano.

El Banco de Crédito Perú ha estado bajo la lupa de la justicia y los medios de comunicación peruanos por sus supuestos vínculos con el lavado de dinero proveniente del crimen organizado. Hay decenas de notas que pueden encontrarse en internet. Tan solo la semana pasada el portal Ojo Público –que ya había investigado las vinculaciones de este banco en el caso Panamá Papers- develó que esta institución financiera emitió cartas de presentación y recomendación a un grupo de clientes que buscaba crear sociedades offshore en paraísos fiscales.

La cabeza de este coloso financiero, Dionisio Romero Seminario, es un personaje oscuro con ramificaciones en la política de su país. Fue enjuiciado por sus relaciones ilícitas con Vladimiro Montesinos. Y si bien su caso prescribió, Romero Seminario y su entorno siguen bajo el escrutinio mediático.

Las víctimas del banco

Vivi forma parte de un grupo de mujeres bolivianas que hace años unieron fuerzas para enfrentar de forma conjunta la desigual arremetida judicial que cada una de ellas libra con el BCP Bolivia. Todo se inició por supuestas deudas. No voy a entrar en detalles sobre este tema pues requeriría otro capítulo aparte. Sí diré que existen pruebas de que se falsearon documentos para respaldar estos procesos legales (¿les suena el caso de Marcelo Urbach? Pues es el mismo modus operandi).

Del reportaje publicado en Perú, por LaMula.pe

El punto central en esta truculenta historia está en el hecho de que en su intento de hallar fundamentos para su defensa, este grupo de mujeres bolivianas descubrió que la constitución del Banco de Crédito en Bolivia, en los años 90, estuvo plagada de hechos irregulares, con su consiguiente daño al Estado boliviano. Claro, ellas jamás imaginaron que al hacer la denuncia correspondiente el banco iniciaría en su contra una persecución judicial descomunal llena de irregularidades que han dejado a estas mujeres en total estado de indefensión y, a algunas, sin recursos económicos.

Sólo para tener una pequeña idea del nivel de deshonestidad con el que se las ha atacado, basta señalar que dos de ellas fueron detenidas por orden de una juez durante nueve días de forma totalmente ilegal, tal y como concluye un informe de la Defensoría del Pueblo. También da luces el hecho de que varios de los jueces y fiscales que conocieron sus casos fueron, a lo largo de estos años, destituidos, detenidos e investigados por delitos en el ejercicio de su cargo, como el denominado “Consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados”. La lista es larga y entre los nombres se puede citar a la jueza Lía Cardozo, el ex Fiscal Milton Mendoza y el ex Vocal Fernando Ganam.

Pero lo realmente grave del asunto es que instancias estatales como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) han evacuado informes oficiales que certifican éste y otros extremos más en los que ha incurrido el BSP Bolivia que rondan en lo criminal. Es más, la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, ha realizado peticiones de informes escritos, a través del Ministerio de Economía, tanto a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y a la UIF sobre el tema. Peor aún, altas autoridades del Gobierno están anoticiadas del tema, pero han decidido poner paños fríos. Claro, no quieren remover el avispero en etapa electoral.

Las acusaciones

El informe de la Defensoría del Pueblo (2017) establece que “se detectó irregularidades en cuanto a la documentación presentada para el funcionamiento del Banco de Crédito S.A y en aspectos relacionados a su registro e impuestos”. Y de allí se desprenden un sin fin de irregularidades más que vulneraron al menos la Ley de Servicios Financieros y el Código de Comercio, como la falta de protocolización del contrato de compra y venta en Fundaempresa. Y si un banco no se ha constituido cumpliendo todos los requisitos que establece la normativa nacional, se puede concluir que sus acciones en Bolivia no son de pleno derecho. Así de grave.

Se puede resumir parte de los resultados de las investigaciones de tres instancias estatales de la siguiente manera: 1) los máximos gerentes del BCP Bolivia tienen dos imputaciones y una acusación formal por parte del Ministerio Público por Estafa, Falsedad Material Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Afectación a Víctimas Múltiples. 2) El banco usó poderes y otros documentos falsificados para causar daño patrimonial al Estado, como a las bolivianas que acusaron al banco. 3) El banco manipuló la fe del Estado alterando un documento oficial insertando declaraciones falsas para su beneficio. 4) Según imputación del Ministerio Público, el banco violó normas bancarias nacionales a través del retiro ilegal de dinero de una cuenta personal (Marcelo Urbach) para moverlo a bancos de Hong Kong, Nueva York y Brasil. 5) El banco utilizó mecanismos irregulares para hostigar judicialmente a ciudadanos bolivianos.

Llegará el momento de romper el silencio, quizás el de la justicia. Ojalá que para que esto suceda no tengamos que lamentar medidas desesperadas como la asumida por Vivi, nada menos que en una instancia estatal llamada a defenderla.

*Este artículo de opinión fue publicado originalmente en el suplemento Ideas, del periódico Página Siete. Dos días después, fue "bajado" de la web del periódico sin conocimiento del autor. Tras el reclamo, presenté (sin que tuviera por qué hacerlo) a la Dirección del medio documentación que respalda lo señalado en este artículo. De igual forma lo hicieron días después personeros del Banco de Crédito. Al final, el periódico optó por no restablecer el artículo en su web:

Esta es la imagen que aparece en la web de Página Siete al ingresar al enlace original del artículo.

YAPA 1

El Banco de Crédito Bolivia valida su posición basado en un informe de la ASFI, emitido en 2017, que señala que el banco cumpliría todos los requisitos establecidos por la normativa nacional. Sin embargo, en este documento -redactado por las víctimas- se desbarata la argumentación de la ASFI.