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| La nota publicada en la revista alemana Sympathie Magazin. |
Comparto el artículo original que escribí para la revista alemana Sympathie Magazin, publicada recientemente en el idioma de Grass.
Un remezón con rostro indígena sacude a Latinoamérica. Explotados durante siglos, los pueblos originarios de la región han logrado en las últimas décadas que los estados reconozcan su identidad cultural, sus derechos y sus territorios. Su lucha reivindicativa ha permitido que en varios países se les reconozca el derecho al autogobierno, cualidad que los indígenas perdieron tras el arribo de los conquistadores españoles al Nuevo Mundo.
La historia de los pueblos originarios está plagada de sin sabores. Condenados durante la Colonia a ser esclavos en su propia tierra, las naciones nativas se mantuvieron bajo regímenes de explotación después de la victoria de las luchas independentistas americanas en el siglo XIX. El nuevo poder económico y político en América Latina se forjó en base a la explotación del indio. Los nuevos estados unitarios y monoculturales mantuvieron al indígena en el ostracismo y consolidaron el despojo de sus tierras. Sin embargo, nunca pudieron frenar su natural rebeldía.
Históricamente Latinoamérica ha sido testigo de una infinidad de sublevaciones indígenas en demanda del reconocimiento de derechos, especialmente los referidos al territorio, a la defensa de recursos naturales y a la autodeterminación. Sin embargo, fue durante las primeras décadas del siglo pasado que sus movilizaciones tuvieron respuesta. Surgieron instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que han servido para que los nativos latinoamericanos logren que sus estados reconozcan y constitucionalicen sus derechos.
El nuevo milenio ha encontrado a los pueblos indígenas organizados, empoderados y con una mayor presencia en la vida política, social y económica en la región. En las últimas décadas, por ejemplo, se impulsa un proceso de restitución de territorios ancestrales. Se trata, sin embargo, de pasos iniciales en una ruta que se muestra aún difícil. Amenazados por el avasallamiento de empresas extractivas, de madereros y colonos a sus territorios, sus recursos naturales y sus saberes, la demanda de las naciones indígenas ahora se centra en el reconocimiento estatal de su autonomía, facultad de autogobierno dentro de sus territorios ancestrales, en el marco de sus normas y procedimientos propios. En esa línea se encuentra la lucha indígena por lograr que los gobiernos impulsen la consulta previa e informada en las comunidades, cuando sus recursos naturales, su habitad o identidad cultural se vea amenazada por proyectos económicos.
Gracias a iniciativas como Territorio Indígena y Gobernanza, se puede dar un pantallazo sobre el estado de situación de los pueblos originarios.
Bolivia reconoce 36 naciones indígenas
Chimanes, sirionós y moxeños realizaron en 1990 la Primer Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. Esta movilización logró que el gobierno reconociera cuatro territorios indígenas.
El 2005, el país –de mayoría indígena- llevó al poder al primer presidente indígena de la región, Evo Morales. A partir de esa fecha, Bolivia vive un proceso de restructuración del Estado. El 2009 los bolivianos aprobaron la nueva Constitución que reconoce a Bolivia como un Estado Plurinacional y la existencia de 36 naciones indígenas. Asimismo marca el nacimiento de la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC). Esta autonomía garantiza que las naciones originarias ejerzan su libre determinación a través del autogobierno, en sujeción a las competencias asignadas por la Constitución. Actualmente, 11 municipios se encuentran en proceso de conversión a la AIOC.
La Constitución, asimismo, estipula una cuota de representantes indígenas en las distintas entidades territoriales del país y un sistema judicial indígena campesino de igual nivel a la justicia ordinaria.
A pesar de estos avances, la lucha en defensa de los derechos y territorios ha enfrentado a los indígenas y al gobierno de Evo Morales. Actualmente se desarrolla la Novena Marcha Indígena Amazónica por la Defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Los marchistas exigen el freno al proyecto gubernamental de construcción de una carretera que atraviesa el área protegida.
Ecuador busca redefinirse como plurinacional
Desde su proceso de organización, hace más de 35 años, las nacionalidades indígenas ecuatorianas vienen luchando por dos objetivos: construir el Estado Plurinacional del Ecuador y ejercer los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco de sus territorios. En ese contexto, en 1986 se formó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En la Amazonia central, la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) estableció una primera propuesta para declarar al Estado ecuatoriano como plurinacional, legalizar los territorios indígenas y paralizar las actividades petroleras en sus tierras. Esas propuestas no hallaron eco y fueron rechazadas.
Fue tras la marcha de 1992 que se reconoció la titularidad indígena de cuatro territorios indígenas. Seis años después, la Constitución reconoció expresamente a los pueblos indígenas, autodefinidos como Nacionalidades. Se abrió la posibilidad de crear Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI) que reemplacen los gobiernos locales.
En 2008 fue sancionada la nueva Constitución, que sentó las bases para la autonomía de las Nacionalidades y el establecimiento de una nueva forma de organización político-territorial.
Los indígenas se han movilizado en contra de las políticas del gobierno de Rafael Correa, que -aseguran- impulsa la explotación de recursos naturales en el territorio amazónico, sin una previa consulta a las comunidades originarias.
Perú, la consulta previa en el ojo de la tormenta
En 1920, la Constitución reconoció a las comunidades indígenas y su derecho a la tierra. Y en 1969 se impulsó una reforma agraria que creó la figura de Comunidades Campesinas en los Andes y la de Comunidades Nativas en la Amazonía. El gobierno e Alberto Fujimori (1990-2000) significó grandes perjuicios para los indígenas. La Constitución de 1993 anuló el derecho a que las tierras indígenas sean inalienables e inembargables. Asimismo, la Ley de Tierras en 1995 sepultó el modelo asociativo ancestral de las comunidades, para considerarlas como sociedades dentro de las cuales sus miembros, individualmente, podían vender, alquilar o hipotecar sus tierras.
En 2007, el presidente Alan García sancionó una serie de decretos legislativos que vulneraron preceptos constitucionales relativos a comunidades campesinas y nativas de conformidad con el Convenio 169 de la OIT respecto al derecho a la consulta previa. Estas normativas condujeron el 2009 al levantamiento indígena de 2009, que culminó en el enfrentamiento conocido como la “Masacre de Bagua” en la que murieron indígenas y policías.
Colombia, tras la consolidación de la autonomía
La Reforma Agraria de 1961 reconoció en Colombia la necesidad de titular los territorios indígenas y de validar los títulos coloniales que la corona española había otorgado a los pueblos indígenas en calidad de resguardos.
La Constitución de 1991 estableció la figura de Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como unidades político administrativas comparables a un municipio. Pero no se constituyeron, sino que se crearon simples entidades públicas territoriales con personería jurídica.
La autonomía indígena en Colombia es relativa. En la última década se han restringido en la práctica los derechos territoriales y al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a los que el Estado ha puesto en manos de colonos y empresas.
La guerrilla ha obligado a muchos indígenas a vender sus territorios contra su voluntad y se han construido bases militares cercanas o incluso en territorios indígenas. De esta forma, el conflicto armado y los procesos de colonización y concentración de las tierras que aún continúan, ponen en riesgo el control de los territorios y la autonomía en los resguardos.
Texto: J.B.
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