¡Que alguien llame a Cupido! Algo no anda muy bien en la lucha por
la transparencia de las entidades públicas en América Latina. Y de esto es culpable la falta de
romance entre el periodismo y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que
se dedican al monitoreo y fiscalización del trabajo las instancias estatales.
Esta desunión afecta el derecho ciudadano de conocer y evaluar las políticas y las
acciones de la administración pública. Y eso no es poca cosa. Lo digo tras ser parte del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, en San José, donde representantes de las OSC alertaron sobre la falta de diálogo que existe con los medios de comunicación tradicionales. Diálogo que, hay que decirlo, tampoco éstas parecen buscar con la urgencia de un enamorado sin remedio.
Partamos del hecho de que ambos, los medios de comunicación y las OSC, son piezas clave en los procesos de monitoreo y fiscalización de la labor de las entidades públicas y, por ende, en la promoción del buen gobierno.
Desde el periodismo se garantiza transparencia pública y se
vigila los excesos del poder. Porque es a través de las herramientas del
periodismo que se puede indagar y profundizar en el hacer público. El
periodismo desnuda buenas y malas prácticas y las amplifica con efectividad
dentro de la sociedad. Y una vez en la esfera pública esa información genera
opinión pública que genera debate y cambio. Se trata de una capacidad que no
está al alcance del ciudadano común.
Sin embargo, dada su esencia, el periodismo tiene una
limitante: informa pero no exige ni moviliza per se. Porque la exigibilidad al trabajo de las instancias
estatales está en manos de las y los ciudadanos que se organizan en distintos
tejidos.
Sí, la información empodera al ciudadano. Pero con
presupuestos cada vez más reducidos, los medios de comunicación están
reduciendo el poder de sus redacciones para informar. En muchos casos se están
reduciendo a ser cajas de resonancia de los comunicados de prensa de las
instancias públicas y de las ONGs.
Pocas tienen ya la capacidad por apostar a mantener equipos
exclusivos que le dediquen días sólo a investigar actos específicos de las
instancias estatales. La situación se agrava por la falta de visión de algunos directores
y directoras de medios de comunicación que ven a la tecnología como un bicho
raro. De igual manera, muchos periodistas ven a la tecnología de la información
más como una amenaza que como una herramienta para mejorar el oficio
periodístico.
Y es aquí donde puede jugar un rol fundamental el matrimonio
con las organizaciones de la sociedad civil.
Impulsadas por las nuevas tecnologías de la información, OCS
en toda América Latina están monitoreando la labor de los entes públicos. Porque
como nunca antes en la historia las herramientas para hacerlo se han
multiplicado y los costos para presentarlo a la sociedad conectada se han
reducido. Porque como nunca antes en la historia más que financiamiento el
requisito principal para generar tecnologías sociales es apostar al trabajo
colaborativo. Porque la forma en que la comunicación entre el Estado y el
ciudadano se están transformando.
América Latina destaca en el mundo por su capacidad de
generar aplicaciones cívicas construidas a partir de los datos abiertos.
Anualmente unas 1000 ideas de aplicaciones surgen en América Latina en
hackatones, ideatones y apps challenges. Claro, sólo una decena llega a
aplicarse. Pero son estas apps las que están abriendo camino para impulsar la
transparencia desde la sociedad civil.
De la mano de organizaciones de la sociedad civil –mayormente
constituidas por jóvenes-, en los últimos años han venido surgiendo innovadoras
plataformas open source dedicadas al uso de los datos para:
·
Fiscalizar el trabajo de los
servidores públicos y las instancias estatales.
·
Abrir canales de participación
ciudadana en el proceso de toma de decisiones que afectan sus vidas.
·
Monitorear elecciones y el
cumplimiento de promesas electorales.
·
Brindar herramientas de
información para la defensa de derechos individuales.
·
Creación de herramientas que permitan
al ciudadano ejercer su derecho a producir información.
Desde el monitoreo al trabajo del Congreso (Congreso Abierto), pasando por la comprobación de las declaraciones juradas de
funcionarios públicos (Cuentas Juradas), la
verificación del discurso de autoridades estatales (Chequeado.com) hasta la transparentación de los sueldos de los rectores de las
universidades públicas (Cuanto
ganan los rectores), las aplicaciones cívicas están
reconfigurando los procesos de participación ciudadana en las democracias de
Latinoamérica.
Todo lindo, todo cool. Pero el problema está en el alcance
de estas iniciativas. La mayoría de estas se hallan alojadas en la red, lo que
-sabemos- limita la participación ciudadana.
Es por eso que se requiere que Cupido dispare sin ton ni son
sus flechitas para lograr que de una vez el trabajo periodístico tienda puentes
de diálogo con la labor de las organizaciones de la sociedad civil y viceversa.
Sólo cierra los ojos e imagínense lo que resultaría de tal
encuentro de haceres. ¿Potente, no? Periodismo impulsado por los datos que son abiertos
e interpretados por iniciativas de organizaciones de la sociedad civil.
El beneficiado de este romance seríamos todas y todos: la
sociedad civil. Pero también los gobiernos que tendrían a la mano una
herramienta para trabajar en la consolidación de la transparencia de sus
políticas públicas.
Entonces que, ¿llamamos de una vez a Cupido?
* Desde el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, en Costa Rica.
* Desde el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, en Costa Rica.
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