miércoles, julio 12

OH, GOD... ¡YESSS!


Tenemos la curiosa manía de meter a Dios donde no corresponde. Hasta en el porno cuando, entre gemidos, emerge el trémulo "Oh, God; ¡yesss!" Pues vaya y pase en el anecdotario humano este pecaminoso desliz. Sin embargo hay exabruptos que simplemente no podemos dejar pasar, como la tozudez por chantar a Dios y sus asuntos en el quehacer normativo público-estatal.

Convengamos que ya sea individualmente o como colectivo, el derecho a elegir y profesar la religión, culto o espiritualidad que mejor nos satisfaga está consagrada en la mismísima Constitución Política del Estado. ¡Allá cada quien con la creencia con la que decide atar su existencia! 

Esto se celebra y va en total consonancia con la construcción de una sociedad plural y democrática. Hasta aquí todo bien. El problema comienza cuando quienes representan a los sistemas de creencias religiosos buscan imponer los códigos morales inmersos en sus “libros sagrados” en el ámbito jurídico-normativo del Estado. 

La Constitución declara al Estado Plurinacional de Bolivia “independiente de la religión”. Y no se trata de una afrenta o negación a la existencia de las creencias religiosas ni un ataque a los creyentes, simplemente es un principio de organización estatal que garantiza que, en el ámbito del quehacer público del Estado, una determinada creencia no se impondrá sobre las demás, utilizando para ello el aparato público. La igualdad de los ciudadanos, independientemente de su postura religiosa, es parte fundamental de la igualdad ante la ley dentro de un Estado de Derecho. 

Una vez más las voces de las iglesias han resonado con fuerza en contra de la Ley de Identidad de Género, las reformas al Código Penal en lo referido al aborto y la legalización del matrimonio de personas trans. El derecho a la divergencia es bienvenido y sano. Y en algunos casos sí se ha procedido ha hacerlo bajo una argumentación normativa, incluso bajo procedimientos legales. Pero de allí a buscar que el sistema normativo boliviano se base en la palabra de un dios –cualquiera que este sea- es simplemente inaceptable. 



Sólo como ejemplo, cito el pronunciamiento oficial sobre el aborto de las Iglesias Evangélicas Unidas, dirigido al Tribunal Constitucional y Gobierno. En el manifiesto se cita a Salmo 139: 13, 15-16. “Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos”.

Inmediatamente después de la cita transcrita, el manifiesto concluye -cual prerrogativa del texto bíblico- que: “Por tanto exigimos al Tribunal Constitucional y Gobierno: Cumplir con nuestra CPE…”.

De igual manera, varios clérigos bañan sus argumentaciones en contra de los avances normativos que favorecen a las comunidades homosexuales citando pasajes bíblicos, anteponiendo la moral de sus creencias a los derechos fundamentales que han sido conquistados por los colectivos LGBTI.

Como ciudadano, me niego a que unos versículos, en este caso de la Biblia, definan el devenir de nuestras normativas públicas. Nada me haría más infeliz que las políticas públicas que norman mi existencia estén bajo el influjo, por ejemplo, de la iracunda, vengadora, homofóbica, misógina y patriarcal vara con la que se refleja al Dios del Antiguo Testamento. 

En este punto de la historia humana, creer que la Biblia deba entenderse como una narración literal es un sinsentido. Porque, por ejemplo, si así fuera, continuaríamos ejecutando ciudadanos por “pecados” como el adulterio (“Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con la muerte: el adúltero y la adúltera” - Lv. 20, 10-21) o por alabar dioses ajenos a nuestra creencia ("El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto" - Éxodo 22:20), o por ser blasfemo ("Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación” - Levítico 24:14-16). O desde nuestras modernas naves de guerra lanzaríamos azufre y fuego sobre ciudades para eliminar homosexuales como en Sodoma y Gomorra ("Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre" - Levítico 20:13). O continuaríamos con la práctica de exterminar naciones sólo por nuestro convencimiento de ser los escogidos por Dios (“Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos” - I Samuel: 15:3).

La normativa boliviana no se rige -ni debe hacerlo- por los dictámenes de libros sagrados sino bajo el influjo de sus leyes e instituciones. Las políticas públicas no pueden definirse, ni implementarse, ni privilegiar los valores morales y filosóficos de ninguna creencia religiosa. Existe un sinfín de dioses adorados y miles de religiones. Si un gobierno mete a uno de ellos en las leyes, deja fuera a las demás divinidades. Deja fuera a ciudadanos que no creen en Dios. El cristianismo, por ejemplo, ha tenido miles de credos diferentes, muchos de ellos enfrentados entre sí, ante todo por interpretaciones de la Biblia. En consecuencia, las leyes y normas de una sociedad deben ser universales, lo que significa que están creadas sin distinción de determinadas creencias religiosas y sin discriminación para quienes no comparten esas creencias. 

Allá quienes creen en zarzas en llamas que hablan y mujeres surgidas de la costilla de un hombre. Sus creencias se respetan, pero no pueden impregnar el quehacer de un Estado.

Sí, tenemos la curiosa manía de meter a Dios donde no corresponde, como en la Constitución Política del Estado Plurinacional: “Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.”

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