lunes, abril 4

Agetic, un Cadillac en medio del desierto

Como tener un Cadillac último modelo en medio del desierto. Eso significa la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para nuestro país. Me explico. La flamante institución –que ha iniciado su labor recientemente- se ha armado de un equipazo de profesionales, cuenta con la decisión política y el presupuesto necesario para buscar romper anquilosadas trabas burocráticas y administrativas para que instituciones públicas ofrezcan servicios más eficientes al ciudadano. Ha abierto espacios virtuales y presenciales para recoger opiniones ciudadanas sobre los planes de Gobierno Electrónico y de Software Libre y Estándares Abiertos. Ha impulsado el debate sobre soberanía tecnológica, gobernanza y seguridad digital, entre otros. Ha consolidado el sueño de contar con la firma digital y busca simplificar tortuosos trámites públicos. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Agetic no deja de ser un lujito instalado en medio de un desierto: nuestro sistema de gobierno y administración estatal.



Es una paradoja que una instancia de sus características, alineada a la filosofía del Gobierno Abierto, haya sido impulsada dentro de un Estado cuyas estructuras de gobierno y administración (nacional, departamental y municipal/judicial, legislativa y ejecutiva) están lejos de adoptar como filosofía y práctica prioritaria la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Y en esa línea, resulta una incongruencia que Agetic haya sido creada por un Gobierno Nacional que en 10 años no ha sido capaz de impulsar una ley de transparencia y acceso a la información, norma fundamental para que un país transite por los caminos de la transparencia. Junto con Venezuela y Ecuador, Bolivia se halla entre los pocos países latinoamericanos que no cuentan con esta normativa. Más aún, hablamos de un Gobierno que aún está lejos de materializar lo que estipula la Ley de Telecomunicaciones y TIC’s (2011) que asegura a lxs bolivinxs el derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación y que tiene partidarios (desde miembros de la Asamblea y movimientos sociales) que impulsan sin ningún criterio proyectos de regulación de las redes sociales, mostrando con ello un total desconocimiento de las lógicas que mueven internet.

Pero la paradoja va más allá del Gobierno Central, pues hablamos de un corpus de entidades públicas del Estado que lejos de apostar a la apertura de la información pública al ciudadano (derecho consagrado en la Constitución Política del Estado), ha mantenido (y en algunos casos, “innovado”) el secretismo. Gobiernos y administraciones que no tienen la predisposición política de asumir la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como base fundamental de su quehacer cotidiano.

Ojo que esto no significa que Agetic sea un bluf. No lo es, para nada. En sus pocos meses de vida ha demostrado su valía y debe ser un espacio por apoyar, pues con su labor se beneficiará al ciudadano. Pero ese trabajo no dejará de ser como “arar en el mar” si es que se mantiene el actual sistema cerrado de gobiernos y administraciones estatales, si no hay la decisión política -ni filosófica- de apostar a las lógicas de apertura característicos de lo que hoy se conoce como Gobierno Abierto. Es, siguiendo la analogía con la que inicié este texto, como ensamblar un coche de lujo sin haber preparado el terreno y diseñado un sistema de carreteras por donde éste pueda transitar. Como trabajar en la obra fina sin haber edificado la obra gruesa, como colocar los grifos en un edificio sin antes haber instalado el sistema interno de cañerías por donde fluirá el agua ni haber planificado su interconexión con los sistemas externos que garantizarían la provisión del agua. Y ese, claro está, no es trabajo de Agetic, que ya bastante tendrá con las tareas que se ha impuesto.

Se trata de un cambio de actitud que debe partir desde las máximas autoridades nacionales del país y que debe irradiarse al resto de las entidades del Estado. Se requiere de una decisión política -como la que ha tenido que ocurrir para crear Agetic- que genere cambios radicales en los modelos de gestión y cultura organizativa que garanticen la transparencia de los datos del Estado: tanto de sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como de sus tres niveles (nacional, departamental y municipal). Pero más aún, existe una responsabilidad implícita de las instancias estatales de generar demanda de la sociedad por ejercer control y participar en la gestión de sus gobiernos, lo que implica una alfabetización sobre las ventajas y retos del Gobierno Abierto y las posibilidades que se abren con la cultura de los Datos Abiertos.

Y cuando hablamos de un gobierno y/o administración abierta nos referimos a las siguientes características básicas:
  • La transparencia, que las acciones y los individuos responsables de las mismas estén bajo el escrutinio público y puedan ser impugnadas, y la capacidad de requerir información relevante de forma comprensible.
  • La accesibilidad a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Que los servicios públicos y la información sobre los mismos sean fácilmente accesibles por los ciudadanos.
  • La capacidad de respuesta (receptividad) desde el gobierno/administración a las nuevas demandas, ideas y necesidades que presenta la ciudadanía.
Un impulso contundente, por ejemplo, sería que el Ministerio de la Presidencia –de la cual depende directamente Agetic- asuma estos retos.

Se trata de un imperativo el repensar los gobiernos y administraciones estatales. No podemos encarar como Estado los retos del siglo XXI con estructuras y lógicas del siglo XIX. Necesitamos dotar a instancias como Agetic (nuestro Cadillac último modelo) de infraestructura básica para que sus logros se multipliquen por 10.

Comparto esta presentación que expuse en Sucre en los conversatorios rumbo a la cumbre de justicia, organizados por el Consejo de la Magistratura y Fundación Construir. Gira en torno de Gobierno Abierto, Datos Abiertos y Justicia Abierta: #DatosABiertos para una Justicia transparente.

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