martes, marzo 7

La carta de Daza


El mismo día en que las tropas chilenas iniciaban la invasión de Antofagasta, una carta partía desde La Paz rumbo a la ciudad de Sucre. El remitente, Hilarión Daza, presidente de Bolivia. El destinatario, Napoleón Taboada, familiar del mandatario. Nadie podía saberlo entonces, pero ese viernes 14 de febrero de 1879, mientras la carta iniciaba su periplo hacia el Sur, en el Departamento del Litoral se comenzaba a escribir una de las páginas más trágicas de nuestra historia.

La misiva no podría ser más simbólica. Porque si bien su contenido en nada aclara ni se relaciona con los eventos que se desarrollarían durante la Guerra del Pacífico, sí nos permite desnudar una de las facetas de quien asumiría las riendas del país durante tan crítico momento de nuestra historia: el General Hilarión Daza. 


En la carta, el Presidente adjunta una letra bancaria por un valor de 1.000 bolivianos para que Taboada concrete la construcción, en Sucre, del que sería el mausoleo del padre de Daza. Hasta aquí, nada extraño. El problema radica en que ese dinero no había salido de los bolsillos de Daza sino que fueron desviados irregularmente de los fondos de la Caja Nacional. 

En resumen: el viernes 14 de febrero de 1879, mientras las tropas chilenas usurpaban el recurso más valioso del país, Daza, el Presidente de la República, usurpaba recursos públicos para la edificación del panteón de su padre. ¿Es que acaso podría existir una anécdota más paradigmática para pintar aquel momento?


Coincidencias de la historia, un 14 de febrero también, pero de 1876 Daza había presentado públicamente su candidatura a la Presidencia de la República. Al final, el militar optaría por llevar adelante un golpe de Estado para llegar a la silla presidencial, en mayo de ese año. Desde entonces el camino para Daza fue en constante pendiente. No sólo le tocaría administrar un país sumido en la pobreza sino también afectado por sequías, hambrunas, desastres naturales y la constante amenaza de un conflicto bélico con Chile. Amenaza que tuvo su climax -vaya coincidencia- un 14 de febrero. Era 1878 cuando Daza logró que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara el contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, pero bajo la condición del pago de un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado. Si Chile buscaba un pretexto para la guerra, ésta determinación le cayó como anillo al dedo. La guerra estallaría un año después. 
En el ínterin mucha agua (turbia) corrió debajo del puente de la administración de los fondos del Estado. 

Tras la pérdida del Litoral, un 14 de febrero (otra vez), pero de 1882, una Comisión Especial remitía al Ministerio de Hacienda un informe completo sobre los manejos de las arcas públicas realizados por la anterior administración liderada por Daza durante los años 1878 y 1879. Para entonces, Daza llevaba tres años en Europa, donde se había auto exiliado tras ser derrocado, en diciembre de 1879, por militares en plena campaña bélica. 
El informe, que tomó un año de trabajo por parte de la Comisión Especial de Hacienda, es contundente y apunta a que durante la administración de Daza se malversaron 775.989 bolivianos. A Daza se le sindica directamente de ser responsable de malgastar 493.408 bolivianos.

Aquí es necesario hacer una alto para realizar una puntualización sobre la investigación y el contexto en el que fue llevada adelante. El informe fue impulsado en 1881 por los opositores y detractores de Daza (muchos en el poder), en un momento en el que se había instalado en la ciudadanía la certeza de que el ex mandatario era el único responsable de la derrota en la Guerra del Pacífico. Se lo acusó de traición a la patria y por la retirada del Ejercito boliviano -a su mando- de Caracoles, en un momento en el que Perú aguardaba su avance para alimentar la fuerza aliada contra Chile. Los historiadores se han encargado de poner en duda la severidad de ambas acusaciones, aunque sin alcanzar una posición conclusiva. Es en este contexto en el que se sumó, ya en 1882, la acusación contra Daza por manejos irregulares de los fondos de la Caja Nacional y, una vez iniciada la guerra, de la Comisaría de Guerra. 
Dicho esto, y a pesar de la necesidad de tomar con pinzas los resultados de la investigación (que puede ser descargada en este enlace), existen datos que son incontrastables y bien documentados sobre el uso discrecional de fondos del Estado por parte de Daza, ya para beneficio propio ya para sus adeptos. 

Llama la atención los gastos que Daza mandó erogar durante su mandato para el pago de palcos que éste tomaba en funciones de teatro, para la ropa que le cosía su sastre, para los festejos por su cumpleaños y para el baile de celebración “de gloria nacional por su rebelión militar de 4 de mayo del 76 (cuando llegó al poder)". Todo esto a pesar de que como Presidente gozaba de una "jugosa renta mensual” que, al parecer, no satisfacía sus “necesidades”, ya que como señala el informe, el mandatario pidió en varias ocasiones adelantos de su sueldo. 
En el nutrido informe, se hace énfasis sobre las “gratificaciones á personas de su afección: militares y paisanos, empleados y particulares, y sobre todo a los cuerpos del Ejército de su preferencia". 

Uno de los legajos del informe se centra en demostrar “el abuso de autoridad con el que el general Daza se había adueñado y hecho cobrar para sí y su señora cuatro letras de á 17,675 bolivianos, cada una, resultantes de los derechos alcabalatorios de la coca por la jestion del 78 al 79”. Para ello, el Presidente, de forma irregular, mandó al Comisario de Guerra endosar las letras bancarias a favor de particulares, quedando establecido tras la investigación -que incluyó juicios-que dos de las letras terminaron en la cuenta del Banco Nacional de Bolivia de la esposa de Daza y, las otras dos, directamente entregadas al Presidente por los endosatarios.

Daza nunca lograría aclarar las acusaciones en su contra. Paradojas del destino, en febrero, esta vez de 1894, el ex mandatario sería asesinado en Uyuni, horas después de haber arribado al país -tras 15 años- para afrontar su defensa ante el Juicio de Responsabilidades instaurado en su contra.